TTIP

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INTRODUCCIÓN

Estamos profundamente preocupadas por el cambio climático, cuyas consecuencias afectarán directamente a muchas comunidades en los próximos decenios con graves e irreversibles consecuencias, tanto para el medio ambiente en general, como para las personas en particular. Para frenar esta situación, es necesario realizar un cambio de modelo en consonancia con los límites del planeta. Por ello instamos a los gobiernos municipales a la toma de medidas inmediatas y urgentes que logren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en sus municipios, ya que es en los núcleos urbanos donde se producen un 70% de las emisiones de dióxido de carbono.

Los municipios pueden actuar desde lo local convirtiéndose en el pilar básico sobre el que se sustenten las medidas de freno contra el calentamiento global necesarias. Una actuación conjunta de las entidades locales puede originar un gran descenso de las emisiones causantes del cambio climático. El tiempo de actuación para prevenir las peores consecuencias se agota, por lo que es imprescindible la toma de medidas urgentes, que no solo conseguirán evitar el colapso ambiental al que nos enfrentamos sino que redundará en un incremento de la calidad de vida de la ciudadanía.

En la actualidad el TTIP (tratado de libre comercio) tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las grandes corporaciones transnacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones.

Las administraciones locales han de comprometerse en este proceso de transición. Ha de apoyar al comercio local frente a las grandes superficies comerciales, ha de favorecer la economía social y/o alternativa facilitando infraestructuras y espacios para la relación directa entre el productor/a local y los/as consumidores/as.

Las Administraciones Locales:

  • Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de defensa respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
  • Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
  • Están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y ambientales y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP imponiendo prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente; la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratados con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del “fracking”.

Las Entidades Locales han de ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este Tratado y la suerte que correrán los servicios y compras públicos.

Por lo anteriormente expuesto ponemos de manifiesto que:

  • El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas en todo lugar, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales.
  • La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia.
  • La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste económico y ecológico
  • Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado.
  • Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia.
  • El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.

Por todo ello proponemos que:

  • Los municipios se declaren Municipios Opuestos al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
  • Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación.
  • Que el Tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales.
  • Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales.
  • Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo. Incluir clausulas que blinden en la medida que la legislación permita, los servicios sociales dependientes del ayuntamiento y las contrataciones así como las potestades y derechos actuales del consistorio.
  • Casa Torre de Ariz
    c/ Fco. Kortabarria, sn. – 2º
    48970 Basauri - Bizkaia

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